El proceso constitucional se instala y avanza enarbolando las banderas de la sobriedad y la construcción de consensos. En estas primeras tres semanas de trabajo de la Comisión de Expertos -el órgano de 24 miembros elegidos por los partidos con representación parlamentaria a cargo de presentar una propuesta al futuro Consejo Constitucional-, ha hecho principalmente noticia por el contraste de estilo con los primeros días de la Convención Constitucional. La unánime elección de la presidencia y vicepresidencia del actual Comité, Verónica Undurraga (PPD) y Sebastián Soto (Evópoli), sin duda refleja la clara intención de sus miembros de proyectar un clima de amistad cívica, lejos de las televisadas pugnas del proceso iniciado en julio de 2021, marcado por la confrontación y las consignas refundacionales.
Bajo ese tono, la mesa electa se embarcó en su primera tarea, a saber, la de proponer al Plenario una estructura por capítulos de la propuesta constitucional que debe entregar en junio al futuro Consejo. Para dicho trabajo tenían hasta 5 días y, luego, los expertos otros tres para presentar enmiendas. El “índice” sugerido por los líderes fue evaluado por varios analistas como radicalmente opuesto al del proceso anterior, o al menos así es posible interpretar que se deje de hablar, por ejemplo, de “Sistemas de Justicia” y retomemos el de “Poder Judicial” (capítulo 7); o el no contemplar un capítulo sobre “Buen Gobierno y Función Pública” con el que se intentó fijar las bases de la probidad en el ejercicio de cargos públicos. Eso sí, la nueva propuesta recoge del fallido proyecto constitucional del año pasado, un capítulo sobre participación democrática: “Representación Política y Participación”, que no existe en la constitución actual pero sí se mantiene del reciente intento.
La votación de este trabajo fue sin sobresaltos, aunque sí se hicieron modificaciones a lo presentado por la mesa, pues se añadió un nuevo capítulo, el 13, sobre “Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo”. Si bien la indicación original pretendía incorporarlo como capítulo 3 de la propuesta -lo que hubiera realzado su relevancia constitucional-, su aprobación no entra en conflicto con los “bordes” que el proceso debe respetar y que están explicitados en el artículo 154 de la actual Constitución. Sin embargo, la votación también arrojó rechazos, como una propuesta que agregaba un capítulo dedicado al tratamiento de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, aunque el resultado no se convirtió en un apuro público para sus promotores ubicados en la oposición.
A nivel de subcomisiones, la sobriedad también ha dominado en las primeras sesiones. En todas ellas sus integrantes se han reunido, por ahora, para ir delineando las ideas y planteamientos generales, en una forma de anticipación de las discusiones de fondo que comenzarán en pocas semanas, cuando los comisionados hayan presentado sus iniciativas de normas (el plazo cierra el 30 de marzo). Pero la compostura en el tono no significa ausencia de política, pues quienes siguen el proceso reportan que las negociaciones son una parte importante en las jornadas diarias de los expertos. Más aún, es posible que muchos de los temas a revisar por las subcomisiones lleguen con varias horas de trabajo deliberativo previo (la “cocina” para algunos) y sólo veamos discusión de enmiendas en los temas donde no se pudo llegar a un arreglo.
Si esa va a ser la tónica de la etapa deliberativa, quizás la Comisión no tenga estrechez en los plazos. De todas formas, esto aún es muy temprano para confirmarlo y, seguramente, alguna subcomisión se entrampe en debates como podría ser con el caso del catálogo de derechos sociales y el rol del Estado en su provisión, por nombrar un tema.
La pérdida de este ambiente también podría suceder si alguno de los grupos empieza a percibir como amenaza la ausencia de disensos que tensionen el debate. Esto puede ser especialmente relevante para los representantes del mundo más progresista, habida cuenta que cargan con la responsabilidad de rescatar ciertas ideas del proceso anterior (identidad política, reconocimiento activo de pueblos indígenas, rol de la economía frente a la crisis climática, etc.).
Tampoco se observa que las candidaturas a consejeros estén mostrando una capacidad de influir -o “estresar”- el ánimo templado o las urgencias del proceso. Es justo advertir que por las propias condiciones de la campaña (recursos, tiempo, perfil de las candidaturas) y el hecho de que todavía no comienza franja televisiva, haya poco material con el cual tomar parte de esta agenda. Un intento hubo por parte de un grupo de candidatos de la UDI por marcar su posición frente a la figura de los indultos presidenciales, pero que por ahora parece más una excepción que la regla.
En resumen, la moderación ha marcado la pauta de trabajo de esta primera etapa del nuevo proceso constitucional, lo que ha resultado en acuerdos adoptados con baja conflictividad y dentro de los plazos autoimpuestos. Lo anterior no significa que los 24 miembros del Comité de Expertos no estén cumpliendo con el rol de la deliberación: lo cierto es que aún no entramos de lleno a esa fase, pero en virtud de las negociaciones que están tomando lugar sí se están tomando los resguardos para reducir los focos de conflictividad que puedan recordar los desacuerdos del ciclo anterior. Sólo queda la interrogante si la opinión pública terminará valorando este camino. Por ahora domina la indiferencia, pero ello no necesariamente es una falencia.
(*) Socio y Gerente de Asuntos Públicos de Azerta.
