La reforma a la evaluación ambiental y al sistema de permisos serán protagonistas en la discusión legislativa, y sus efectos son de gran incidencia para los regulados. Por ello, en este webinar se conversará de los aspectos más relevantes de estos proyectos. “Es de vital importancia estar involucrados en el proceso para generar espacios de opinión y contribuir a la mejor aplicación posible de estas iniciativas. Azerta busca crear diversas instancias para que nuestros clientes estén actualizados sobre la tramitación de los proyectos y puedan involucrarse en el proceso”, argumenta el consultor senior de Asuntos Públicos de Azerta y ex jefe de Legislación del Ministerio del Medio Ambiente, Robert Currie.
Existe consenso en que la burocracia en los procesos de obtención de permisos sectoriales está marcada por una extensa demora debido a la descoordinación entre servicios, la discrecionalidad administrativa, y la falta de plazos o su incumplimiento cuando ellos existen. Esto genera una baja en la inversión y desincentivos al desarrollo de nuevos proyectos, que se enfrentan a un escenario de incertidumbre respecto a la aprobación de sus permisos y el tiempo de tramitación que requerirán para comenzar a operar.
Para hacer frente a la llamada “permisología”, el Ministerio de Economía presentó en el Congreso la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocida también como “Sistema de Permisos Inteligentes”, el que actualmente se tramita en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Su objetivo es establecer un marco general para estandarizar y velar por el cumplimiento de las normas de tramitación de autorizaciones sectoriales, creando mecanismos e instrumentos que den certezas y reduzcan plazos.
Currie destaca que “son múltiples las propuestas de mejora, entre ellas, definir plazos máximos para todos los permisos, crear etapas de admisibilidad, regular iteraciones entre titulares y servicios, crear un Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales que sirva de ventanilla única para la tramitación de todos los permisos sectoriales, y la creación de un Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial que velará por el correcto funcionamiento del sistema”.
Uno de los aspectos más relevantes, agrega, es el reemplazo de ciertos permisos por avisos o declaraciones juradas, para materias de bajo riesgo. Asimismo, la incorporación de silencios administrativos positivos en algunos casos, ante la falta de pronunciamientos de organismos sectoriales.
En cuanto a los desafíos que presenta este proyecto de ley, el consultor de Azerta afirma que los principales se relacionan con la propia tramitación legislativa, donde la celeridad y prolijidad son clave. “Sin embargo, hay un elevado riesgo de que se estanque ante innovaciones propuestas por los parlamentarios o por causas externas que afecten el curso de las sesiones, como ocurrió recientemente en la comisión de medio ambiente con el proyecto que reforma la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente”.
Adicionalmente, en algunas materias las disminuciones de plazos no son muy ambiciosas, por lo que se podrían evaluar algunas alternativas que permitan mayores reducciones. Finalmente, un riesgo que enfrenta el proyecto es que la orgánica propuesta no entregue la celeridad esperada, pensando que además del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial, existirá un Comité de Subsecretarios que servirá de instancia de coordinación y colaboración entre los órganos vinculados al otorgamiento de autorizaciones sectoriales.
Evaluación medioambiental 2.0
Un segundo proyecto de ley actualmente se tramita en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado y que busca reformar la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente mediante tres pilares: fortalecimiento de instrumentos de gestión ambiental, ampliación de la participación ciudadana, entregar certezas jurídicas y disminuir plazos.
Robert Currie explica que este proyecto se enfoca en fortalecer la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental, dándole mayores atribuciones para definir la aprobación o rechazo de proyectos. En este contexto, se eliminan las instancias políticas como las Comisiones Evaluadoras y el Comité de Ministros.
Adicionalmente, profundiza Currie, se eliminan las Consultas de Pertinencias para modificaciones de proyectos y se reemplazan con declaraciones juradas. “Asimismo, se establece un modelo de recursos administrativos que amplía considerablemente la posibilidad de impugnar la Resolución de Calificación Ambiental, pero que, en contrapartida, elimina la posibilidad de invalidar administrativamente”.
En materia de participación ciudadana, expone el experto, se amplía su procedencia en el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental y se regula la participación temprana voluntaria. “Adicionalmente, hay otras materias que no tienen relación directa con el SEIA, pero son de gran relevancia, como lo son las nuevas reglas en materia de daño ambiental, donde se establece un sistema dinámico de la carga de la prueba, lo que implica que en ciertas circunstancias será el propio demandado quién deberá financiar los informes que determinen su eventual responsabilidad”.
Currie destaca el sustantivo cambio de enfoque en la aprobación de los proyectos. “Esto busca generar mayor certeza, pero también puede ser visto como acotar el ámbito de decisión al tener sólo la mirada del Director Regional del SEA para aprobar un proyecto que tiene dimensiones que van más allá de lo meramente ambiental. En contrapartida, el proyecto propone una ampliación del Comité Técnico”.
El consultor de Azerta agrega que algunos aspectos de este proyecto, como la regulación de las declaraciones que reemplazan a las consultas de pertinencia quedan entregadas a un reglamento, lo que genera algunas incertidumbres importantes, particularmente cuando dicha declaración será la que permitirá eximirse de la responsabilidad penal en materia de delitos contra el medio ambiente.
“Finalmente, otros temas relevantes son la aplicación del nuevo sistema recursivo, la interacción de las modificaciones a la Evaluación Ambiental Estratégica con el SEIA, y el sistema de la carga de la prueba en materia de daño ambiental, entre otros”, apunta.
Sin duda, la participación en el webinar del ex Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, figura vinculada fuertemente a los temas de sustentabilidad, representa un gran aporte a la discusión. Cabe recordar que Badenier ha sido invitado a dar su punto de vista experto en las discusiones de diversos proyectos que finalmente se han convertido en ley, como es el caso de la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
