La reforma a la evaluación ambiental y al sistema de permisos serán protagonistas en la discusión legislativa, y sus efectos son de gran incidencia para los regulados. Debido a su trascendencia, el área de Asuntos Públicos de Azerta ha programado una serie de webinars en los que destacados especialistas discutirán y responderán preguntas sobre las normas que regirán la modernización los instrumentos de gestión medioambiental.

El primer conversatorio virtual de este año, se realizó el martes 30, en el que se conversó de los aspectos más relevantes de los proyectos que buscan mejorar la entrega de permisos sectoriales y modernizar los instrumentos de gestión ambiental, que hoy se discuten en el Congreso. “Es de vital importancia estar involucrados en el proceso para generar espacios de opinión y contribuir a la mejor aplicación posible de estas iniciativas. Azerta busca crear diversas instancias para que nuestros clientes estén actualizados sobre la tramitación de los proyectos y puedan involucrarse en el proceso”, argumentó el consultor senior de Asuntos Públicos de Azerta y ex jefe de Legislación del Ministerio del Medio Ambiente, Robert Currie.

Existe consenso en que la burocracia en los procesos de obtención de permisos sectoriales está marcada por una extensa demora debido a la descoordinación entre servicios, la discrecionalidad administrativa, y la falta de plazos o su incumplimiento cuando ellos existen. Esto genera una baja en la inversión y desincentivos al desarrollo de nuevos proyectos, que se enfrentan a un escenario de incertidumbre respecto a la aprobación de sus permisos y el tiempo de tramitación que requerirán para comenzar a operar.

Para hacer frente a la llamada “permisología”, el Ministerio de Economía presentó en el Congreso la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocida también como “Sistema de Permisos Inteligentes”, el que actualmente se tramita en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Su objetivo es establecer un marco general para estandarizar y velar por el cumplimiento de las normas de tramitación de autorizaciones sectoriales, creando mecanismos e instrumentos que den certezas y reduzcan plazos.

Sistema de Permisos Inteligentes

Durante el webinar, Currie destacó que “son múltiples las propuestas de mejora, entre ellas, definir plazos máximos para todos los permisos, crear etapas de admisibilidad, regular los contactos entre titulares y servicios, crear un Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales que sirva de ventanilla única para la tramitación de todos los permisos sectoriales, y la creación de un Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial que velará por el correcto funcionamiento del sistema”.

Uno de los aspectos más relevantes, agregó, es la utilización de Técnicas Habilitantes Alternativas para reemplazar ciertos permisos por avisos o declaraciones juradas, para materias de bajo riesgo. Asimismo, la incorporación de silencios administrativos positivos en algunos casos, ante la falta de pronunciamientos de organismos sectoriales.

En cuanto a los desafíos que presenta este proyecto de ley, el consultor de Azerta afirmó que el principal se relaciona con la excesiva cantidad de decisiones de fondo que dependerán de actos administrativos posteriores a la ley, como reglamentos y decretos supremos en dónde se determinarán los permisos que se clasificarán en cada una de las tipologías que propone el proyecto de ley, las hipótesis concretas en las que se podrán utilizar avisos o declaraciones juradas en reemplazo de ciertos permisos, y los criterios que utilizará el Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial para definir aquellos proyectos priorizados que tendrán una tramitación ágil”.

Finalmente, indica que otro riesgo relevante es “la falta de regímenes sancionatorios especiales. Sólo se aplica la responsabilidad administrativa que ya existe, por lo que no parecieran existir incentivos a la celeridad y el cumplimiento. De igual forma, el Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial no tiene grandes facultades en estas materias y se limita a realizar recomendaciones a los servicios y velar por la coordinación entre dichos servicios y los solicitantes”.

Evaluación medioambiental 2.0

Un segundo proyecto de ley actualmente se tramita en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado y que busca reformar la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente mediante tres pilares: fortalecimiento de instrumentos de gestión ambiental, ampliación de la participación ciudadana, entregar certezas jurídicas y disminuir plazos.

Para profundizar sobre las implicancias de la llamada Evaluación Ambiental 2.0, el webinar de Azerta contó con la participación del ex Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, figura vinculada fuertemente a los temas de sustentabilidad. Badenier ha entregado su punto de vista experto en las discusiones de diversos proyectos que finalmente se han convertido en ley, como es el caso de la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

El ex ministro habló sobre “el clima de desconfianza que cruza el sistema de evaluación de impacto ambiental” y que la nueva normativa podría ayudar a revertir. Al respecto, se refirió a un fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y le eliminación de instancias políticas como el Comité de Ministros y las Comisiones Evaluadoras. Sin embargo, manifestó preocupaciones por la decisión unipersonal en la evaluación de los proyectos recaída en los directores regionales del Servicio.

Por otra parte, se refirió a la eliminación de algunas tipologías y la importancia de entender que no todos los proyectos deben ser sometidos al SEIA, sino que aquellos que tienen ciertas características.

Finalmente, en materia de participación ciudadana, Badenier indicó que hay modificaciones significativas, como la eliminación del concepto de cargas ambientales, ampliando la aplicación en las Declaraciones de Impacto Ambiental. Agregó que sería relevante estudiar los alcances de la recarga laboral de esta modificación para el Servicio.

En este mismo orden de ideas, Robert Currie complementó con que el proyecto de ley no resuelve el componente político radicando la decisión de aprobar o rechazar un proyecto en el Director Regional o Ejecutivo del SEA, dado que este es susceptible de presión por diversos sectores y que sería deseable contar con un organismo colegiado que brinde distintas miradas y, adicionalmente, permita distribuir el peso y consecuencias de la decisión. Asimismo, indicó que la eliminación de las consultas de pertinencia y su reemplazo por declaraciones juradas busca evitar una sobrecarga del SEA. Sin embargo, dichas declaraciones serán reguladas por reglamento, generando grandes incertidumbres respecto a sus requisitos y suficiencia para eximirse de una eventual responsabilidad penal en materia de delitos contra el medio ambiente.