Cerca de la hora límite y con importantes compromisos adicionales asumidos por el Ejecutivo concluyó la tramitación de Ley de Presupuestos del sector público correspondiente al año 2024. La propuesta, la primera diseñada por el actual gobierno, fue recibida con el tradicional desafecto que debe asumir cualquier oposición, aunque reforzada esta vez por su carácter expansivo en períodos de incertidumbre económica -se presentó un alza de 3,5% real y la solicitud de endeudamiento en los mercados financieros cercano a los US$21 mil -; el polarizado ambiente electoral de cara al plebiscito constitucional del 17 de diciembre; y los cuestionamientos en los que se ha visto envuelta Javiera Martínez, Directora de Presupuestos (DIPRES), a raíz de las transferencias de recursos públicos a diversas fundaciones y corporaciones.
Y pese a todas estas condiciones contextuales que anticipaban un caminar desgastante para la administración Boric en los dos meses que tomaría la revisión, debate y votación de las 50 partidas y más de 2.600 glosas, las tensiones no se escaparon a la media de los últimos debates presupuestarios. Ciertamente ayudó la socialización previa de los cambios en la relación Estado-privados recomendados por la “Comisión Jaraquemada”; pero también tuvo que aceptar la imagen de Martínez excluida de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, o varias partidas cuestionadas transversalmente en más de una etapa. Pero al final el ministro de Hacienda Mario Marcel cerró valorando el diálogo “de parte importante de este Congreso”, con el que “hemos logrado resolver problemas que parecían insolubles”.
Existen variadas factores para explicar que el ciclo concluyera con esa sensación. Uno es la creciente relevancia que está tomando el denominado “Protocolo de Acuerdo”: un instrumento que no tiene base normativa pero sí legitimidad y, por ende, compromiso por quienes lo suscriban. Su redacción comienza a gestarse durante las primeras etapas de la tramitación -en las sesiones de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto-, cuando frente la reticencia del Ejecutivo por patrocinar indicaciones inadmisible de autoría parlamentaria (por implicar gasto fiscal) se busca una alternativa negociada, muchas veces redactada como un enunciado general, pero que tiene el valor de no poner en riesgo los votos de ese senador (a), diputado(a) o bancada. En otras palabras, que su contenido no tenga un valor vinculante para el gobierno no impide hablar de un interesante grado de efectividad del petitorio.
El protocolo de acuerdo que acompaña la Ley de Presupuestos 2024 es un documento extenso y se estructura alrededor de varias áreas clave, incluyendo seguridad económica, social, pública y otras iniciativas gubernamentales. En el ámbito de la seguridad económica, se destacan los esfuerzos por fortalecer la asignación de recursos para el mundo emprendedor y/o grupos que requieren iniciar programas de reconversión laboral (con mención explícita a agricultores afectados por la escasez hídrica), con énfasis en regiones (por. ej., dando prioridad al proyecto Teleférico Valparaíso “con el objeto de licitar en 2025 la concesión”), sectores perjudicados por eventos socioambientales recientes y el mundo rural-campesino. Respecto a la seguridad social, el documento prioriza la mejora del acceso a la salud, educación, y vivienda, enfocándose en derechos sociales fundamentales. Se contempla el ingreso de varios proyectos de ley, incluyendo uno para establecer un Sistema Nacional de Cuidados, la presentación de indicaciones para el proyecto que aumenta las sanciones a quienes emitan licencias médicas fraudulente, un estudio de verificación del costo que implacaría un nuevo decreto GES en 2025, o la presentación de un proyecto que reformule la ley Ricarte Soto, iniciativa de gran interés para el mundo parlamentario pero que implica compromisos importantes en materia fiscal.
Uno de los temas incorporados al Protocolo de Acuerdo podría tener implicancias políticas por sobre la gran mayoría de las demás: la decisión de aplicar una “Pausa activa, Evaluativa y de Mejoramiento del traspaso de los establecimientos a los Servicios Locales de Educación Pública” desde los municipios de 37 comunas a seis nuevos SLEP, cuyo inicio está contemplado para el 1 de enero 2024, se ha leído como una “intervención” de Hacienda en un conflicto que se arrastra de hace varios meses por los problemas que han aparecido en algunas regiones, especialmente Atacama y que desgastó al Ministerio de Educación al punto perder capacidad negociadora en su partida, la cuarta en tamaño dentro de la Ley de Presupuestos. Destaca el uso del concepto de “pausa activa”: una forma amistosa para describir el delicado momento que vive la implementación de esta transformación del modelo de gestión del sistema educativo público.
Finalmente, hubo importantes avances: Ley de Presupuestos 2024 considera un incremento en los recursos destinados a Orden Público y Seguridad (+5,7%), Salud (+8,1%), Educación (+4,2%), Vivienda (+11,9%), Cuidados (+20%), Emergencias, específicamente incendios (+ 28%) y Cultura (6,8%).
Entonces, a pesar del escenario desafiante con el que entró el ministro Marcel y su equipo partieron en la defensa de su primer presupuesto, los cambios que tuvo el texto original – la reducción del límite de endeudamiento a US$16.500 millones es sólo un ejemplo-, en el cierre parece que terminaron quedando con un “sabor de boca” al menos llevadero. Una de las razones puede estar en el acuerdo suscrito en torno al Protocolo de Acuerdo de este año, amplio, diverso y con algunas medidas urgentes, como en educación. Para más adelante queda preguntarse por los límites de este trabajo de negociación paralelo a la Ley de Presupuestos. La progresiva extensión de los temas que aborda son ineludibles, y llevan a preguntarse si lo que corresponde es un futuro reconocimiento como producto formal de la discusión presupuestaria.
