El año 2026 ha consolidado un cambio de paradigma definitivo para el sector corporativo chileno. Lo que antes era considerado un atributo opcional de imagen, hoy es el eje central de la viabilidad de cualquier negocio. La convergencia de normativas como la Reforma al SEIA o las leyes de Delitos Económicos y de Greenwashing ha desplazado la gestión ambiental desde los departamentos técnicos directamente a la mesa del directorio.

Así lo demuestran los resultados de la tercera edición del estudio “Liderazgo, ESG y Reputación”, elaborado por Acción Empresas y Azerta. El informe confirma que la sostenibilidad ha dejado de ser un «accesorio» para transformarse en una condición para el crecimiento y la resiliencia empresarial.

Para Pablo Valenzuela, consultor senior de Asuntos Públicos de Azerta, la estructura legal vigente ha eliminado cualquier espacio para la «sostenibilidad superficial». Según el experto, las áreas de ESG han mutado de ser departamentos de comunicaciones a unidades estratégicas de operaciones y finanzas.

«La sostenibilidad ya no es solo un valor añadido; en 2026 es esencial para que las empresas sigan operando. Las compañías que no consideran los criterios ESG en su gestión de riesgos se exponen a sanciones regulatorias», afirma Valenzuela.

Los grandes temores

El estudio, que consultó a 69 líderes estratégicos de nueve sectores industriales entre octubre de 2025 y enero de 2026, identificó con claridad los factores que inquietan a la alta dirección. Al ser consultados por los riesgos que podrían afectar su reputación en los próximos cinco años, el cambio climático (43,5%) y los conflictos con comunidades (30,4%) lideran las menciones.

Valenzuela explica que la preocupación por el clima no es solo ambiental, sino operativa: «Las cifras dan cuenta tanto de la exposición a eventos extremos —sequías u olas de calor— como a las mayores exigencias sobre la capacidad de adaptación y la coherencia entre lo que se declara y lo que realmente se hace».

El informe señala una paradoja: el conflicto social se considera un riesgo alto, pero las comunidades locales solo ocupan el tercer lugar en la agenda (50,7%), detrás de trabajadores y clientes. Valenzuela indica que las empresas reconocen el riesgo, pero mantienen comunicación unidireccional y no fomentan diálogos reales en las comunidades.

Medir para sobrevivir

Uno de los hallazgos más alarmantes del estudio es que solo 1 de cada 3 empresas cuantifican financieramente sus riesgos ambientales, lo que representa una vulnerabilidad crítica en el mercado actual.

Así, el gran cuello de botella es que muchas empresas aún ven el riesgo ambiental como una variable cualitativa, casi poética. Pero el cambio climático es una variable financiera. 

«Mientras no logren medir cuánto les cuesta un día de planta detenida por falta de agua o por un conflicto comunitario mal gestionado, la sostenibilidad seguirá siendo una declaración de buenas intenciones y no una herramienta de gestión estratégica», señala Valenzuela.

El año de la verdad 

Este año, la teoría ha dado paso a la sanción. Con la Ley de Delitos Económicos plenamente operativa, el incumplimiento ambiental o la entrega de información falsa ha dejado de ser una falta administrativa para escalar hacia la responsabilidad penal de la alta dirección. “Los directores hoy entienden que un error en el reporte de emisiones puede tener consecuencias personales e institucionales inéditas», asegura Valenzuela.

A esto se suman, entre otras normativas, la Ley de Greenwashing —que exige respaldo técnico para cada afirmación ambiental— y la Reforma al SEIA, que busca frenar la judicialización mediante una participación ciudadana temprana y vinculante. 

En este escenario, el acceso al capital se ha vuelto el filtro definitivo: bancos e inversionistas ya no aceptan promesas, sino datos duros. Como complementa el consultor de Azerta, las empresas incapaces de demostrar resiliencia enfrentan hoy costos de capital más altos o el cierre de sus fuentes de financiamiento. 

En 2026, no integrar los criterios ESG ya no es un problema de imagen; es, derechamente, un riesgo de insolvencia.