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La Segunda

La decisión del Gobierno de recalificar sus querellas por los atentados en La Araucanía, removiendo la aplicación de la Ley Antiterrorista, debiera preocupar a todos. No sólo muestra —una vez más— que en el Gobierno mandan los comunistas, sino que además pone en graves problemas a las fuerzas de orden y seguridad y al Ministerio Público, en su trabajo para recobrar la paz en la región.

En el reciente foro presidencial —mal llamado debate—, algunos candidatos hicieron uso de su tiempo para dedicar palabras de apoyo a los comuneros mapuches en huelga de hambre. Pedían que se dejara de aplicar la Ley Antiterrorista, que consideran atentatoria contra el debido proceso. Este acto político no fue menor: buscaba presionar al Gobierno para que recalificara sus querellas y, con ello, quitarle al Ministerio Público las facultades especiales con que cuenta para investigar estos delitos tan complejos.

La presión no vino sólo desde los candidatos de la izquierda, sino que también desde el mismo Gobierno. Unos días antes, el ministro Barraza, comunista, notificaba por la prensa que la estrategia debía ser la solicitada por los huelguistas. Así, dejó en una incómoda situación al ministro del Interior y confirmó que el PC tiene un ascendente en La Moneda que no condice con su peso electoral.

Esta situación no es sólo preocupante por la arista política, sino porque además confirma lo que muchos han advertido: la inexplicable influencia del Partido Comunista sobre la Presidenta y sobre los malos resultados de su gestión. Algo que, por lo demás, señalaron hasta el cansancio desde la DC y que llevó al quiebre de la coalición. Además, preocupa que el Gobierno deje sin herramientas especiales a la justicia para investigar delitos tan complejos.

Gran parte de las democracias modernas tienen leyes antiterroristas que afectan, de una u otra manera, el normal funcionamiento de los procesos judiciales. Desde la posibilidad de detener a personas por semanas antes de acusarlas hasta la protección de testigos y evidencia, los sistemas judiciales en el mundo se han dado cuenta de que las herramientas legales tradicionales no son útiles cuando se trata de investigar actos y organizaciones terroristas. Y eso, aunque algunos digan lo contrario, es lo que hoy tenemos en La Araucanía. Aun así, el Gobierno les quita a los organismos de orden y seguridad las herramientas para investigar de forma adecuada.

Es cierto que la actual Ley Antiterrorista es imperfecta y que requiere cambios. También es cierto que éste no es el primer gobierno que decide recalificar las querellas por la presión de una huelga de hambre. Pero nada de eso justifica el silencio ante lo que está ocurriendo. Si es necesario modificar la legislación, que el Congreso haga su trabajo. Por mientras, dejen que los encargados de restaurar el imperio del derecho tengan herramientas al nivel de la amenaza que enfrentamos.
Recuadro :
“Es cierto que la actual Ley Antiterrorista es imperfecta y que requiere cambios. Pero nada de eso justifica el silencio ante lo que está ocurriendo”.