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La Segunda

¿EL CIERRE DE PUNTA PEUCO SE HACE POR UN IMPERATIVO DE JUSTICIA? NO, APENAS SE BUSCAN UNOS PUNTITOS MÁS EN LAS ENCUESTAS.
El proceso electoral ha tomado un curso que hasta hace unos pocos meses habría resultado impensable: la Nueva Mayoría dividida va con dos candidatos y dos listas parlamentarias; las primarias tuvieron una participación de Chile Vamos inesperadamente alta y contrastantemente baja en el Frente Amplio; la campaña de Alejandro Guillier no acaba de comenzar, empantanada en disputas bizantinas con los partidos que lo apoyan. En este contexto se consolida el favoritismo del ex presidente Piñera y no se vislumbran posibilidades reales de que el senador Guillier pueda repuntar de manera significativa.

Así, la única esperanza del oficialismo se ha desplazado a los esfuerzos que pueda hacer el gobierno con las herramientas que le da el control de la agenda legislativa y las medidas que la administración del estado le permiten. El ejemplo clásico de la reforma laboral, presentada pocas semanas antes de la elección de 1999, inspira la imaginación de los que buscan elaborar una agenda que instale ejes de debate en que la posición de los parlamentarios de centroderecha sea minoritaria en el conjunto del país.

Poco importa que los proyectos que se presenten no tengan ninguna posibilidad de convertirse en ley en los pocos meses que le restan a esta legislatura, ni que medidas como el cierre de Punta Peuco abran un debate tan artificial como ajeno al objetivo de una efectiva justicia. Es de toda lógica anticipar que este cierre se llevará a cabo en las próximas semanas, probablemente en el mes de septiembre, y que se trasladará a los internos que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos a cárceles comunes como Colina II u otras.

La espectacularidad de estos movimientos, así como la identidad de algunos de los condenados, llevará a los medios de comunicación a revivir los hechos de nuestra historia asociados a sus delitos y nos devolverá por algunos días al recuerdo de los tiempos de violencia y división asociados a la crisis de nuestra democracia en la segunda mitad del siglo pasado. Pensar que casi tres décadas después de finalizado el gobierno de Pinochet se puede deslegitimar la candidatura de Sebastián Piñera, que estuvo públicamente en la oposición en aquella época y que en el período inmediatamente anterior al actual hizo una gestión tan moderada en lo político como exitosa en lo económico, es sencillamente voluntarista.

Por otra parte, no cabe duda que una medida como esta afectará humanamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, que guardarán silencio respetando el profesionalismo y disciplina que les son propios. Pero ello no significa que les sea indiferente que antiguos mandos y suboficiales, más allá de lo que hayan hecho, terminen sus días entre delincuentes comunes. ¿Se justifica resentir de esta manera la moral de nuestros uniformados, se hace por un imperativo de justicia? No, apenas se buscan unos puntitos más en la próxima encuesta.